Seguimiento al estado del hacinamiento de las personas privadas de la libertad, en relación con la declaración del “estado inconstitucional de las cosas” por la corte constitucional

Abstract

En Colombia existen 132 centros carcelarios, todos enfrentando un grave problema de hacinamiento que ha generado serios desafíos para la administración de justicia, afectando significativamente la dignidad humana de la población carcelaria. Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), en 2023 había 69.639 hombres privados de la libertad, de los cuales 4.872 han sido condenados, y 20.532 mujeres, de las cuales 2.073 han sido sindicadas. El INPEC señala que la población privada de la libertad (PPL) está desbordada. A pesar de las recomendaciones emitidas por la Corte Constitucional, la situación no ha mostrado cambios significativos. La falta de atención ha impactado especialmente la calidad de vida de los PPL. Los principales factores que agravan esta crisis son la insuficiencia de infraestructura, resultado de una aparente falta de interés en la inversión presupuestaria y en el cumplimiento de compromisos por parte de las entidades territoriales y estatales. Aunque existen organismos de control y comisiones civiles, estos no garantizan mejoras sustanciales, ya que solo pueden visibilizar el problema sin capacidad para emitir órdenes que generen una solución inmediata o cercana.